ANEXO II
PLATAFORMA ELECTORAL
ALIANZA “ENCUENTRO POR CORRIENTES”
1. Declaración de principios.
2. Plataforma electoral.
a) Inclusión Social
b) Desarrollo económico
a) Inclusión Social
b) Desarrollo económico
c) Fortalecimiento institucional
1. Declaración de principios.
Los miembros de la Alianza “ENCUENTRO POR
CORRIENTES” nos constituimos para impulsar el desarrollo económico, el
fortalecimiento de la democracia y el sistema republicano, la independencia de
la justicia, la calidad de la educación, la solidaridad social, y la felicidad
personal de los habitantes de la República Argentina.
Buscamos el progreso y el desarrollo, como
realización humana y material integral. No nos quedamos satisfechos con el mero
crecimiento expresado en datos estadísticos sin implicancias personalizadas ni
sociales. Y queremos ese desarrollo en una sociedad en libertad, donde la ley
sea justa para todos y donde todos, a su vez, cumplamos la ley. Queremos una
sociedad en la que la calle vuelva a ser de los ciudadanos, una comunidad en
donde reine la armonía de una sana convivencia y en la que cada uno de nosotros
pueda vivir con la seguridad de que su vida está protegida y a salvo, y donde
la vida y la libertad sean valores supremos y realizados.
Creemos, además, que el Estado debe esforzarse por
igualar oportunidades. Creemos en una sociedad próspera en la que todos puedan
cumplir sus sueños y ser felices. Creemos en el enorme potencial igualador de
la educación. Creemos que la pobreza es inaceptable. Creemos en un Estado
inteligente que ofrezca a quienes más lo necesitan las mejores herramientas
para crecer, desarrollar sus potencialidades y progresar. Creemos en un Estado
que aliente, que estimule, que apoye, que incentive la producción. Creemos en
un Estado competente en la producción de bienes públicos que intervenga para
aumentar la riqueza presente y futura de los argentinos, y que permita que la
prosperidad llegue a todos con equidad y justicia.
Creemos en la democracia y la república. Creemos en
el estado de derecho y en el valor supremo de las instituciones republicanas.
Creemos en la igualdad ante la ley y en el cumplimiento de las leyes como un
modo de protegernos de los abusos de los poderosos; y como un modo, también, de
brindar certidumbre para desarrollarnos. Creemos en la igualdad de género.
Creemos en la plena vigencia de los derechos humanos. Creemos en la libertad de
expresión y en el derecho a pensar diferente sin ser molestados, ni amenazados,
ni amedrentados. Creemos en el pluralismo político. Creemos en la protección de
los derechos de todas las minorías. Creemos que el Estado debe ser garante de
la diversidad.
Creemos en el estricto cumplimiento de la
Constitución Nacional, que fija las reglas de la convivencia argentina.
Creemos que el impulso del conocimiento, la
solidaridad y la capacidad creativa y trabajadora de los argentinos es la mejor
garantía de que los mejores años de nuestro país están por venir.
Conocemos nuestra historia patria. Sabemos de sus
contradicciones; de sus luces y de sus sombras. No tenemos resentimientos, ni
ponemos nuestro esfuerzo en reescribirla a nuestro gusto y saber. Admitimos la
pluralidad de interpretaciones y valoramos convivir con ellas. Aprendemos de
esa historia, pero miramos hacia adelante.
2. Plataforma electoral
Gobernar es el arte de construir acuerdos. Esta
plataforma electoral resulta de una convergencia política entre partidos que
sostienen sus respectivos proyectos programáticos y acuerdan llevar adelante
las líneas de política pública que se enuncian a continuación. Las mismas serán
parte de su programa parlamentario y de gobierno.
a) Inclusión social
Nuestro objetivo como país tiene que ser el pleno
desarrollo de todos los argentinos sin importar su lugar de nacimiento. Ello
implica la necesidad de asegurar un piso mínimo de ingresos con transparencia y
equidad. La política social se concentrará en la ejecución de mecanismos de
provisión de bienestar con el objetivo final de crear pisos mínimos de igualdad
que se impongan por sobre las diferencias sociales de carácter estructural.
Esto implicará un esfuerzo mayúsculo en educación y un trabajo especial en
salud y vivienda. El objetivo de igualar oportunidades implica una combinación
de políticas generales para todos y específicas a determinados sectores.
Las políticas sociales deben ser parte de una
política económica y social integrada donde cada una actué en complemento y
potencialidad de la otra. En esta
integralidad y heterogeneidad reside la posibilidad de éxito de la construcción
de una matriz de prosperidad.
Educación
La educación inclusiva y de calidad debe estar en la
base del desarrollo social y productivo de la Argentina y, como tal, debe ser
un eje fundamental de la conciencia social y la política central del provenir y
construcción de ciudadanías plenas. La educación es la principal herramienta de
superación personal y progreso colectivo, de formación de ciudadanía, de
bienestar presente y futuro, y de libertad. La educación contribuye a la
existencia de una sociedad democrática. La educación pública gratuita y de
calidad es un camino insoslayable para igualar oportunidades y desarrollar el
país.
A pesar del aumento de la financiación al sector
educativo, el diagnóstico muestra datos preocupantes. En nivel inicial, sólo
34% de los niños de 3 años asiste a la escuela. Al final del recorrido, sólo
50% de los jóvenes egresa de la escuela secundaria y sólo 17% de los jóvenes de
entre 25 y 29 años cuenta con un título universitario. A estos problemas de
acceso se les suman problemas de calidad: la oferta pública de escuelas de
jornada extendida y completa sólo alcanza a 10% de la matrícula en el nivel
primario y 7% en el secundario y Argentina no ha mejorado en ninguna materia
según señalan distintos estudios nacionales e internacionales.
Nuestro gobierno aumentará la cobertura del nivel
inicial en salas de 3 y 4 años; incrementará la oferta de escuelas primarias de
jornada extendida o completa; y buscará promover, retener y sostener a los
estudiantes en el nivel universitario.
Volveremos a impulsar la autonomía universitaria,
que hoy se encuentra amenazada por la discrecionalidad que ejerce este gobierno
en lo relativo a la asignación de recursos con criterios partidistas y de
afinidad política, y que trae consigo premiar la obsecuencia y castigar el espíritu
crítico y la excelencia.
Además de avanzar en el acceso es fundamental
mejorar la calidad de la enseñanza. Nos
proponemos lograr que los estudiantes cumplan con las metas curriculares en
todo el país. Los avances que se realicen se podrán comprobar en la mejora
significativa en las evaluaciones regionales e internaciones al cabo de los
cuatro años de gobierno. Nos proponemos democratizar la educación elevando el
nivel de aprendizaje. Para ello es clave fortalecer la formación y la práctica
docente y también mejorar la gestión de la educación con procesos de evaluación
transparentes y públicos. Hay que ir a fondo, además, con la enseñanza de
idiomas, de cálculo y de educación digital desde el nivel primario para avanzar
hacia una educación de siglo XXI, propia de un mundo cambiante y en movimiento.
Salud
El sistema de salud argentino es un sistema
fragmentado, segmentado y sin coordinación, con resultados ineficientes e
inequitativos a pesar de que el país invierte en salud entre 8% y 10% de su
economía, un nivel muy superior a los de muchos países de ingresos medios y
altos. El sistema de salud está fragmentado administrativamente
(descentralización provincial), segmentado por tipo de cobertura (sector
público, obras sociales y medicina prepaga) y con demasiados actores y fuentes
de recursos. La falta de coordinación de los 24 ministerios de salud
provinciales, igual número de obras sociales provinciales, unos 250 fondos de
seguridad social, PAMI, 50 empresas de medicina prepaga y múltiples fondos municipales
son una muestra clara de la desintegración del sistema.
Nuestro gobierno tiene como objetivos principales
mejorar la equidad y la eficiencia del sistema garantizando la universalidad de
acceso. Vemos cuatro líneas estratégicas simultáneas: a) ampliar el acceso
equitativo a servicios de salud integrales; b) fortalecer la rectoría y la
gobernanza de las autoridades sanitarias; c) aumentar y mejorar el
financiamiento con equidad y eficiencia; y d) fortalecer la coordinación
multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud.
Protección Social
Todos los argentinos deben contar con ingresos
mínimos que garanticen una vida digna, por eso nuestro gobierno va a mantener,
mejorar y transparentar los planes sociales de transferencias de ingresos.
Alcanzar una política de protección social universal
que otorgue cobertura ante los riesgos sociales a toda la población es base a
su condición de ciudadanía. Vamos a institucionalizar y expandir la Asignación
Universal por Hijo (AUH) para disminuir el nivel de desigualdad, pobreza e
indigencia en la Argentina. El sistema será reformado para brindar protección
social universal a los niños, niñas y adolescentes independientemente de la
condición laboral de los padres y buscando generar incentivos a la formalización
laboral. Además, se buscarán mecanismos institucionales para evitar el uso
discrecional de los programas y aumentar el acceso a la educación y los
controles de salud de los niños, niñas y adolescentes. Procuraremos
institucionalizar el sistema por ley, para que no dependa del gobierno de
turno, incluyendo la actualización automática de los montos de la prestación.
Las políticas de niñez buscarán extender la oferta
de centros de cuidado de calidad para un pleno desarrollo de niños y niñas de 0 a 3 años, contemplando
especialmente hijos e hijas de las familias en condiciones de pobreza y/o
vulnerabilidad. Los centros de primera infancia focalizarán su esfuerzo en los
hogares más desfavorecidos, acompañando las transferencias con trabajadores sociales
de referencia.
Nuestro gobierno definirá una política integral para
los adultos mayores procurando disminuir la actual dispersión institucional y
territorial existente. Esto implica una centralización administrativa, la
unificación de base de datos sobre Adultos Mayores y el diseño de portales
digitales para publicitar y explicitar los programas dirigidos a adultos
mayores. Se priorizarán las políticas relacionadas con el envejecimiento activo
en general, y políticas para adultos mayores en situación de vulnerabilidad
social en particular.
Vivienda y hábitat
Argentina tiene un déficit de vivienda estimado de
casi 3,5 millones de hogares, incluyendo un déficit cuantitativo de casi 1,5
millón de hogares y un déficit cualitativo de casi 2 millones de hogares.
Aproximadamente la mitad de este déficit corresponde a las provincias de Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe. Este es el resultado de procesos complejos y de
largo plazo, incluyendo una acción inadecuada del Estado, con proliferación y
dispersión de organismos y programas, asignación de soluciones en forma
discrecional y poco transparente, crecimiento de la irregularidad y escaso
acceso al crédito.
Nuestro gobierno buscará reducir significativamente
el déficit de vivienda a través de diversos ejes de acción. El problema va más
allá de la vivienda, por eso la intervención debe comenzar por desarrollar el
suelo urbano para la vivienda social e impulsar su tenencia formal con planes
de ordenamiento locales a lo largo del territorio. En segundo lugar, es fundamental
reducir la precariedad habitacional en villas y asentamientos. En el país hay,
según estimaciones no oficiales, más de 1.800 asentamientos, con 530.000
hogares. Toda intervención debe comenzar por reordenar los programas actuales e
incluir en la solución del problema a quienes sufren la necesidad, a las
organizaciones de la sociedad civil y al sector privado. En tercer lugar, es
necesario generar planes de vivienda digna a los grupos más vulnerables,
unificando planes y bases de datos, con una reformulación y simplificación de
programas federales. Los programas deben apoyar a cada familia que las demanda
y no a constructores privados.
Finalmente, buscaremos fortalecer el crédito
hipotecario como herramienta de acceso a la vivienda. (El stock de préstamos
hipotecarios representa en Argentina apenas 1% del PBI, por debajo del 3% de
Perú y Brasil, el 8% de México 8% y el 19% de Chile.) Para ello será necesario
impulsar un modelo que combine crédito, ahorro previo, subsidios progresivos
asignados de forma transparente y otras alternativas de acceso a la vivienda.
De esta manera, en materia de política social, el
objetivo central será avanzar hacia la conformación de una matriz de
prosperidad, que garantice mediante diversas políticas que las personas puedan
acceder a un estándar de vida básico, socialmente aceptable, y que puedan
hacerlo con el mayor grado de libertad posible, permitiéndoles simultáneamente
desarrollar sus capacidades y participar activamente en la vida en sociedad.
b) Desarrollo económico
Para encaminar a nuestro país al desarrollo
sostenible hace falta mucho más que ordenar la macroeconomía, aunque sin duda
es una condición para la inversión y el crecimiento.
A largo plazo necesitamos aumentar la competitividad
sistémica, sectorial y regional y en esa línea el Estado tiene un papel
importante. Argentina necesita un gobierno que se ponga a la cabeza de la
gestión del desarrollo, que busque aumentar permanentemente la competitividad
del sistema: con regulaciones simples y operativas, con infraestructura que
baje los costos logísticos y potencie las economías regionales, con educación
de calidad y que tenga visión de futuro, impulsando la innovación y la
incorporación de tecnología, promoviendo a las PYMEs y los emprendedores y
generando marcos y entornos estimulantes para la creación de nuevas empresas y
nuevas fuentes de trabajo.
En definitiva, hace falta 1) ordenar la
macroeconomía, 2) producir un shock de infraestructura y 3) avanzar en
políticas activas para fomentar sectores y regiones específicas.
Ordenamiento macroeconómico
Nuestro gobierno buscará normalizar la economía y
sentar las bases para el desarrollo de largo plazo. Esta normalización no va a
impactar negativamente en sectores económicos ni en sectores sociales
específicos; se puede lograr progresivamente y de forma que promueva el
bienestar general y el progreso de todos.
Buscaremos reducir paulatinamente la inflación y el
déficit fiscal y desarmar las trabas que impiden a las familias y las empresas
planificar sus decisiones de inversión, ahorro y consumo. En esta línea de
normalización, restauraremos la autonomía del INDEC y reformaremos, más
adelante, la Carta Orgánica del Banco Central.
Se impone asimismo una reforma tributaria equitativa
y una reducción de impuestos distorsivos. Partiendo del reconocimiento del
déficit fiscal, el objetivo es reducir paulatinamente los impuestos
distorsivos. Todo el plan de normalización se hará junto con un acuerdo social
con empresarios, sindicatos y sector político, buscando aumentar la competitividad
de la economía y mediante pautas sostenibles de aumentos salariales y de
precios, consistentes con el objetivo de reducir la inflación y de crecimiento
de la economía.
Infraestructura
Argentina necesita un shock de infraestructura para
impulsar su entramado productivo, dinamizar su proyección internacional y
fortalecer su integración territorial.
En transporte, los objetivos principales pasan por
aumentar la seguridad y reducir los costos logísticos para aumentar la
competitividad de la economía, principalmente de las economías regionales. Para
eso es clave cambiar la matriz de carga e invertir en puertos, vías navegables
(destacándose el calado de la hidrovía hasta Rosario a 36 pies en una primera
etapa y 38 pies
después de tres años) y ferrocarriles, como la puesta en valor del Belgrano
Cargas. La red vial necesita un piso de 2.500 kilómetros
de autopistas e inversiones permanentes en caminos rurales y rutas nacionales y
provinciales.
Cuidaremos los recursos naturales y energéticos. En
los últimos diez años, Argentina dejó de ser autosuficiente en energía por
políticas públicas erróneas. Ahora, con la nueva oportunidad presentada por los
recursos no convencionales y la potencialidad que aún tienen los recursos
tradicionales, deberá reordenarse la institucionalidad del sector y generar
confianza para permitir el crecimiento de las inversiones, sobre todo en
upstream, pero también en el downstream petrolero y en generación eléctrica. La
inversión pública y privada en transporte y distribución eléctrica tiene como
objetivo recuperar el autoabastecimiento perdido y rebalancear la matriz
eléctrica. Nuestro proyecto tiene como meta a 2030 una reducción de la
participación de la energía térmica de 66% a 46%, una mayor diversificación de
la matriz energética con un fuerte aumento de fuentes renovables.
Políticas activas
Nuestro gobierno tendrá políticas activas que
busquen mejorar la productividad sistémica de la economía con el objetivo de
generar empleo y mejorar el salario real de manera sostenible en el tiempo.
Entre las agencias y políticas transversales se
encuentra una agencia única para la gestión de las relaciones económicas
internacionales; su objetivo es incrementar el comercio exterior, mejorar el
acceso de los productos y servicios fruto del trabajo argentino en los mercados
más competitivos y facilitar la internacionalización de las empresas
argentinas.
Se velará por un desarrollo sostenible, que permita
satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin impedir a las del
futuro satisfacer las suyas.
En ciencia y tecnología buscaremos fortalecer la
coordinación de las diversas agencias y centros de investigación. Impulsaremos
el crecimiento de la inversión en investigación y desarrollo (I+D) en relación
al PBI, con especial énfasis en el I+D del sector productivo para generar
empleo de mayor calidad y mayor capacidad de innovación. Proponemos la creación
de una agencia de inversiones y competitividad que facilite la inversión y
fomente el emprendedorismo.
El Estado también desarrollará programas específicos
sector por sector para potenciar en las cadenas de valor, las inversiones y la
generación de empleo. Argentina cuenta con ventajas comparativas dinámicas y
ventajas competitivas en la agroindustria, el turismo, la petroquímica y la
minería, que podrán crecer y ganar en competitividad y exportaciones. Pero
también tiene nichos de gran potencial y valor en la industria manufacturera y
en sectores clave de la economía creativa, el desarrollo de software y
tecnologías de la información y las comunicaciones y telecomunicaciones, la
biotecnología, la energía nuclear y la nanotecnología.
Un eje fundamental de trabajo pasará por remover los
obstáculos para la inversión y el crecimiento de las economías regionales,
fuentes de empleo en todo el país, para que los argentinos tengan la
posibilidad de desarrollarse y crecer donde nacieron. Estas políticas deben ser
generales y automáticas, haciendo hincapié en la reducción de los costos
logísticos, la capacitación y la reducción de los costos del empleo, y una
fuerte reducción de impuestos a las PYMES, las cuales actualmente están
obligadas a llevar su economía en “negro” para poder subsistir.
c) Fortalecimiento institucional
Es imposible cumplir los objetivos de inclusión
social y desarrollo económico sin instituciones fuertes y estables que permitan
el respeto de los derechos de los individuos y de las garantías
constitucionales. La democracia permite elegir a las personas que nos
gobiernan, pero la república es la forma de organización de nuestra nación para
defendernos contra los abusos de poder y hacer respetar nuestros derechos. La
igualdad ante la ley es una de las condiciones indispensable para la
democracia.
Justicia y Derechos Humanos
Argentina debe fortalecer su Estado de Derecho, con
un estricto respeto de la división de poderes, la independencia de la justicia
y los principios y garantías constitucionales, y con una total libertad de
expresión. Lamentablemente, el país está lejos de esa situación, con
indicadores preocupantes de corrupción, transparencia y participación
ciudadana, justicia efectiva y calidad institucional. Sin legalidad
constitucional no hay libertades ni derechos ni garantías para la vida y el
desempeño personal y colectivo. El desarrollo económico y social requiere de la
previsibilidad de la ley.
El sistema judicial argentino necesita reformas
profundas y de largo alcance, pero el punto principal y excluyente es
garantizar la independencia judicial, lo que requiere, entre otras cosas, el
reequilibrio del Consejo de la Magistratura.
En línea con los objetivos del área de seguridad, es
fundamental mejorar los resultados de la persecución penal para disminuir la
impunidad y que los argentinos podamos vivir con tranquilidad. Para ello son
necesarios procesos penales rápidos y efectivos que sancionen al delincuente
con el pleno respeto de las garantías constitucionales. En esta línea, debe
realizarse un gran esfuerzo para tener cárceles sanas y limpias, para seguridad
y no para castigo de los presos, como indica la Constitución Nacional, con
centros de seguridad que ayuden a los detenidos a reinsertarse productivamente
en la sociedad, con educación y trabajo. Otro eje es ampliar el acceso a la
Justicia a sectores vulnerables, con políticas para el acompañamiento a las víctimas
en los procesos judiciales y herramientas en los mecanismos jurisdiccionales
para la sociedad, y que contemplen el cumplimiento de los compromisos
internacionales adquiridos por el Estado argentino.
Seguridad
Entendemos por seguridad aquella situación de hecho
en la cual se encuentran minimizados tanto los riesgos de ocurrencia de delitos
como los niveles de criminalidad y violencia. El Estado posee la
responsabilidad indelegable de proveer y asegurar los niveles aceptables de
seguridad pública y protección a los ciudadanos en lo referido a su integridad
física, como también a su patrimonio, siendo sus herramientas principales las
políticas de prevención, la gestión de las fuerzas policiales y de seguridad y
la administración de justicia penal.
Ocho de cada diez argentinos se siente inseguro.
Existe en la sociedad una percepción de ausencia de justicia. El costo anual de
las tasas actuales de delito es, creemos, del 3% del PBI. Nuestros objetivos,
entonces, son, además de reducir las tasas delictivas, recuperar la presencia
integral del Estado en todo el territorio, potenciar la prevención social del
delito, desarrollar un sistema integral de estadísticas criminales y diseñar e
implementar un Sistema Nacional de Inteligencia moderno, democrático y operativo.
También nos proponemos reformular el Sistema de Seguridad Interior y crear la
Agencia Nacional contra el Crimen Organizado.
Relaciones internacionales y defensa
Nuestro gobierno no verá al mundo exterior como un
enemigo, sino como una oportunidad para el desarrollo del potencial argentino.
Creemos que en la última década Argentina ha perdido gravitación y credibilidad
regional y global. Además, ha caído en los rankings internacionales y tiene una
participación decreciente en los flujos de comercio e inversión. Nuestro país
tiene toda la potencialidad para ser mucho más de lo que es ahora.
Para ello Argentina debe comenzar por resolver temas
internos, incluyendo las trabas a movimientos financieros y comerciales que le
han valido sentencias desfavorables en la OMC. Debe fortalecer su integridad
territorial, reducir la permeabilidad de las fronteras y aumentar su control
efectivo del espacio aéreo y marítimo para enfrentar las nuevas amenazas que
plantean el narcotráfico y el terrorismo internacional. En segundo lugar,
deberá normalizar sus vínculos con sus vecinos, avanzando en agendas positivas
con Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil, y se debe revisar con los
países integrantes la situación del MERCOSUR para que potencie el desarrollo de
la región. En tercer lugar, deberá equilibrar sus relaciones internacionales,
que en los últimos años han virado, muchas veces a través de acuerdos secretos
o con cláusulas secretas que van en detrimento de una diplomacia sostenible y
transparente. Argentina puede y debe relanzar agendas positivas buscando
realizar su aporte a los grandes temas de las agendas regional y global:
desarrollo sustentable, lucha contra el terrorismo, no proliferación nuclear,
cuestiones humanitarias y derechos humanos, calentamiento global, avance de la
democracia y de las libertades. Sin ir en detrimento de ningún país o región.
Tanto para la defensa de su integridad territorial
como para su aporte como herramienta de relaciones exteriores, Argentina deberá
encarar una progresiva modernización de su sistema de defensa y fuerzas
armadas, teniendo en cuenta fundamentalmente las nuevas amenazas del crimen
organizado transnacional, los ciberataques, el terrorismo internacional y los
intereses estratégicos del país (incluyendo los recursos del Mar Argentino). A
partir del diálogo con todos los sectores involucrados, Argentina necesita una
política de Estado en materia de defensa, debidamente sometida a la aprobación
del Congreso y al control público.
Modernización del Estado
La modernización del Estado debe realizarse con
sentido federal favoreciendo el acceso de todos los argentinos a las
prestaciones estatales, no importa en qué región del país se encuentren.
Una de las prioridades de nuestro gobierno será
desarrollar un plan integral de Gobierno Electrónico, que incluya la reducción
de papelerío, generar un sistema transparente de compras electrónicas, integrar
los sistemas de identificación de personas, y la tramitación electrónica y
transparente de subsidios.
Transparencia, ética pública y organismos de control
Argentina tiene un gran desafío por delante en
materia de lucha contra la corrupción. La promoción de transparencia, el acceso
a la información y la rendición de cuentas han sido relegadas durante los
últimos años, dando lugar a prácticas corruptas, opacidad y un manejo
discrecional del Estado. Muchos de los instrumentos necesarios para revertir
este proceso están contemplados en numerosas convenciones internacionales de
lucha contra la corrupción que Argentina ha ratificado y leyes que han sido
aprobadas.
Seguiremos promoviendo una ley nacional de acceso a
la información pública y pondremos en práctica políticas de transparencia y
disposición y uso inteligente de datos al interior de la Administración
pública.
Los ejes fundamentales de la política de
transparencia pasan por la rendición de cuentas, el acceso a la información y
la ética pública, poniendo énfasis tanto en la prevención como en la lucha
contra la corrupción, articulando políticas y organismos, en base al diseño,
implementación, y seguimiento y evaluación de políticas públicas. Se buscará
generar un fuerte impacto al interior de la administración pública, y de la
ciudadanía en nuestro país y hacia el exterior, favoreciendo la reputación de
la Argentina a nivel internacional.
En la línea de reducir la corrupción y mejorar la
eficiencia y transparencia del Estado para que sirva mejor a los ciudadanos, es
fundamental fortalecer la autonomía e independencia de los organismos de
control como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Auditoría General
de la Nación (AGN) y el Defensor del Pueblo de la Nación (DPN).
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